Entre 1964 y 2016, se ha desarrollado un conflicto armado en Colombia que se ha traducido en una cifra aproximada de siete millones de víctimas. La magnitud y complejidad de esta realidad son tan elevadas que requieren la participación de múltiples disciplinas científicas y mediaciones institucionales para intentar comprender sus causas y consecuencias. Pero también para imaginar, proponer y desarrollar soluciones, así como formas de evitar la reactivación del conflicto y aprender del pasado.
La estrategia para la transición del conflicto armado a la paz
Desde 2004, el gobierno colombiano viene desarrollando una estrategia para la transición del conflicto armado a la paz. Implica tres frentes de acción: justicia, memoria e integración. Los tres convergen en el objetivo de reintegrar a los excombatientes a la vida civil. Para ello, se han propuesto diversos planes orientados a la reconstrucción del tejido social, especialmente en las regiones y sectores más afectados por el conflicto. Esto requiere superar sus condiciones de vulnerabilidad para garantizar la construcción de la paz y la democracia, así como para prevenir la delincuencia.
El modelo de reintegración tiene como objetivo alejarse de un enfoque reduccionista y militar y promover uno amplio, integral y multidimensional. Sin embargo, se observa una tendencia del Estado a adoptar una forma de seguridad preferencial. La razón es que, además de promover el desarrollo y la justicia, debe ofrecer seguridad a todos los ciudadanos en un marco democrático.
La comprensión y el tratamiento legal del conflicto armado
Cualquier experiencia está condicionada por creencias, descripciones, conceptos previos. No es posible «hacer» o «tener» una experiencia «pura», sin mediaciones teóricas. Tampoco en el caso del conflicto armado colombiano. En su caso, destaca la mediación legal. Es lo más efectivo, inevitable y condicionante que tenemos para acceder a él. Ciertamente, hay muchas otras mediaciones; hay fotografías, hay discursos de las diversas ciencias humanas y sociales, hay testimonios orales, hay grabaciones sonoras, hay obras de arte, hay conversaciones informales, hay literatura, etc. Pero todas estas mediaciones están sobredeterminadas por la ley y pálido ante su fuerza condicionante.
El conflicto armado ha sido mediado por el sistema legal de múltiples formas. Destaca la reforma de 1991 a la Constitución Política realizada en 2012. Implicó la creación del Marco Legal para la Paz con el objetivo de desarrollar una estrategia de justicia transicional integral y coherente.
El otro hito legal para abordar el conflicto fue el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, de 2016, que incluye la creación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. garantizar los derechos de las víctimas.
A pesar del esfuerzo de estos instrumentos legales por superar la mera justicia punitiva retributiva, dichos instrumentos tienen un obvio propósito inmunizador para el cuerpo social. Son necesariamente instrumentos coercitivos que funcionalizan y monopolizan la violencia para normalizar la vida social. Es comprensible que sea así.
Por ello, es necesario hacer justicia a la riqueza del conflicto armado colombiano, es decir, contribuir a la complejidad de su experiencia. Esto requiere multiplicar las mediaciones teóricas para describirlo, pensarlo, comprenderlo, imaginar soluciones y reparaciones, etc.
Un enfoque social y humanista del conflicto armado
Una de las tareas de las instituciones universitarias es ayudar a identificar las deficiencias y desafíos del presente y darles una forma teórica para investigar sus causas e imaginar soluciones.
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El libro Justicia, memoria, integración. Debates teóricos y experiencias en el marco de las instituciones sociales, fruto de numerosos encuentros a lo largo de dos años entre investigadores de la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad de Murcia (con la colaboración del Museo Casa de la Memoria de Medellín), su principal objetivo es reflexionar sobre los factores que inciden positivamente en la promoción y consolidación de la justicia, la memoria y la integración social, tomando como punto de referencia el actual programa de reintegración.
Junto a esto, existen objetivos complementarios. En primer lugar, debatir diferentes teorías contemporáneas que contribuyan a mejorar la comprensión de los índices, factores, riesgos y desafíos de una cultura política libre, igualitaria, incluyente y justa; es decir, una cultura que fomenta y sostiene una sociedad democrática integrada.
En segundo lugar, analizar diferentes testimonios de experiencias políticas de gestión y representación en sociedades con circunstancias y desafíos similares a los de Colombia.
En tercer y último lugar, conocer diferentes testimonios de grupos privados que ejemplifican las consecuencias de los déficits de integración, libertad, igualdad y justicia que sufre Colombia.
La adopción de perspectivas y enfoques humanistas y sociales ha permitido multiplicar y demostrar la complejidad del conflicto. Esto no puede reducirse a desafíos simplemente tratables con las herramientas del derecho, incluso si son indispensables.
Proyectos como este muestran que el valor de las disciplinas humanísticas, y en particular de la filosofía, no se reduce a criticar a las instituciones, sino que también reside en la imaginación y propuesta de alternativas impensables para mejorarlas.
Alfonso Galindo Hervás, Catedrático de Filosofía Política, Facultad de Filosofía, Universidad de murcia
Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Lea el original.
